Resumen: La sentencia recurrida justifica de modo lógico el fundamento de la decisión adoptada, tras una acertada ponderación del material probatorio con el que contaba, por lo que no se aprecia vulneración alguna de la tutela judicial efectiva, en su vertiente de motivación, ni del principio de presunción de inocencia, sin que resulte aplicable el principio in dubio pro reo, ya que el órgano sentenciador no tuvo duda alguna del carácter incriminatorio de las pruebas practicadas. No existe en las actuaciones elemento de juicio alguno que permita avalar una merma en las facultades del acusado como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que no cabe apreciar la aplicación de atenuante. Del relato de hechos probados se desprende que la víctima requirió de una asistencia psicológica prolongada en el tiempo que evidencia unos menoscabos psíquicos de suficiente relevancia o gravedad como para entender que van más allá de la sintomatología lesiva propia del abuso sufrido, lo que avala su tratamiento diferenciado como delito de lesiones. La sentencia recurrida razona adecuadamente la aplicación de la regla penológica del concurso de delitos, al aplicar la pena más grave en su mitad superior, sin que quepa acceder a la solicitud de imposición de las penas correspondientes a cada uno de los delitos en su grado mínimo, pues si se acumularan las penas correspondientes a los tres delitos a considerar se estaría ante una pena superior a la impuesta.
Resumen: La Sala condena por un delito de agresión sexual. Los hechos consistieron en la introducción de un objeto, un palo por el ano, a una persona con discapacidad, concurriendo en este caso tanto violencia como intimidación, pues el sujeto activo le dice a la víctima frases amenazantes e intimidatorias a una persona de especial vulnerabilidad, antes del acto y después y la violencia física se muestra con el salvaje acto de introducirle un palo por el ano, con el dolor que esto produce. Existió, en suma, un amedrentamiento preordenado a la consecución de un fin concreto y específico: la violación de la víctima de forma tan brutal. Para la imposición de la pena se han tenido en cuenta las circunstancias concurrentes, el lugar y tiempo de ejecución del hecho, de noche y en un descampado, en lugar solitario aprovechado por el sujeto activo para ejecutar la agresión sexual y lograr así un mayor grado de impunidad, lo cual podría haber justificado, posiblemente, la aplicación de una circunstancia agravante que, no obstante, no fue solicitada por las acusaciones. Para la cuantificación de la responsabilidad civil se ha tenido en cuenta los daños morales.
Resumen: El consentimiento de personas cuya capacidad es diferente por padecer una anomalía psíquica, la jurisprudencia destaca que para que exista el abuso sexual, el déficit intelecto-volitivo de la víctima debe de proyectarse necesariamente sobre la significación del acto sexual y sobre su capacidad de decidir, y la prevalencia abusiva del acusado implica ser conocedor de esas limitaciones, abusando del trastorno. El prevalimiento no limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente. Voto particular.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal y anal, con rebaja de la pena de prisión en aplicación de la legalidad penal dada por LO 10/2022, como más favorable para el acusado. Acusado que, con ocasión de acudir a pernoctar en el domicilio de su víctima, se acuesta en su cama y le impone por la fuerza una relación sexual con penetración vaginal y anal. Presunción de inocencia y prueba de cargo bastante para desactivar la presunción. Testimonio de la víctima como prueba directa de incriminación y elementos externos de corroboración del relato ofrecido por la víctima. Facultades revisorias del tribunal de apelación respecto de pruebas presentadas con inmediación ante el tribunal de primer grado. Delito de agresión sexual. Penalidad más favorable. Sucesión normativa. Ley intermedia, entre la fecha del hecho y la vigente en la fecha de la sentencia, que contempla un trato penológico más favorable para el acusado. Pena mínima prevista legalmente para el delito cometido y facultad del tribunal de apelación en orden a imponer una penalidad superior. El recorrido penológico que suponga alejarse de la pena mínima legal solo puede tener su base, en sede enjuiciamiento o de apelación, en que hayan concurrido determinadas situaciones, circunstancias o hechos que configuren ese plus de gravedad en la conducta sometida a juicio.
Resumen: El recurrente fue condenado por delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Recurre por varios motivos. Alega en primer lugar vulneración de su derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba. Se cuestiona la declaración de la víctima. La sentencia recuerda cuál es la función encomendada a la Sala casacional respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia. Se recuerda el proceso de valoración de la declaración de la víctima y los aspectos a tener en cuenta. Se recurre también por infracción de ley. Se recuerda que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia. Se realiza un estudio de tipo penal del artículo 189.1 a) del Código Penal. Lo que castiga es esa captación de menores, sea la forma que sea, para elaborar material pornográfico y no exige la distribución del material pornográfico, sino solo su elaboración. Concepto de pornografía infantil dado por la jurisprudencia. Se considera pornografía infantil aquello que sobrepasa los límites de lo ético, de lo erótico y de lo estético, con finalidad de provocación sexual, constituyendo por tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas, desde una interpretación acorde con la realidad social. Estudio del artículo 188.4 CP. El aspecto más relevante del precepto es el relativo a que la relación sexual se solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia revoca el Auto de la Audiencia Provincial y, estimando el recurso de apelación, revisa la sentencia dictada en la causa contra los hoy condenados y, en consecuencia, rebaja la duración de la pena de prisión a 2 años, reduce también la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de trescientos metros, de comunicarse con la víctima por cualquier medio y prohibición de acudir y residir en un determinado lugar, durante un periodo de 5 años. El Tribunal Superior de Justicia, en el entendimiento de que la pena que se impuso por la Audiencia era la mínima imponible, considera que procede la revisión, porque ahora es de dos años de prisión (mínima por mínima). Recurre el Ministerio Fiscal y reclama la aplicación de la D.T. 5ª del Código Penal y la regla de la pena imponible. Conforme a la doctrina del Pleno, procede la desestimación. Subsidiariamente, propone la aplicación de la libertad vigilada y de la inhabilitación para el contacto profesional con menores. Estimación exclusivamente en este segundo apartado.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, de un delito contra la libertad sexual y por un delito contra la salud pública referido a sustancias que no causan grave daño a la salud; a la acusada como autora responsable de un delito de agresión sexual sobre menor de dieciséis años y otro contra la libertad sexual; y a otro acusado como autor de un delito contra la libertad sexual. Acusado que, junto a su pareja sentimental, convencen a la hija menor del acusado para mantener con éste relaciones sexuales con acceso carnal, y en una ocasión, junto con un tercer acusado, realizan con la menor conductas sexuales grupales. Presunción de inocencia y pruebas de cargo suficientes para desactivar la presunción. Testimonio de la víctima. Valoración del testimonio de la víctima como única prueba directa de los hechos de acusación. Elementos de corroboración del relato efectuado por la víctima. Testimonios de referencia que aportan información que viene a reforzar el relato de la víctima. Autoría y cooperación necesaria. La conducta de la acusada es tenida como propia de la autoría, descartando la cooperación necesaria, al haber sido determinante de las amenazas y chantaje a que fue sometida la víctima con el fin de que accediese a mantener relaciones sexuales con su padre, asignándole un dominio del hecho característico del autor. Diferencias entre la autoría y la complicidad.
Resumen: La aplicación de la continuidad delictiva en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales exige, en todo caso, que se trate de ataques al mismo sujeto pasivo; que se ejecuten en el marco único de una relación sexual; de una cierta duración, mantenida en el tiempo; y que obedezcan a un plan preconcebido, conformado por dolo único o unidad de propósito inicial, o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del sujeto activo que permitan identificar, las razones del tratamiento jurídicamente unitario
Resumen: Revisión de penas como consecuencia de una legislación posterior más favorable. Cuando la sentencia impuso el mínimo penológico posible, el establecimiento por el legislador de un mínimo más bajo para la misma conducta obliga a revisar la condena para fijar ese nuevo suelo punitivo.
Resumen: La individualización de la pena corresponde al tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios legalmente establecidos, de forma que en el marco de la casación la cuestión de la cantidad de pena sólo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria. La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible la expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida
